En los últimos cuarenta años, las naciones de América Latina han experimentado un gran número de crisis financieras y cambiarias, que han retrasado su desarrollo económico y han causado considerables sufrimientos a sus ciudadanos, especialmente a los más pobres y vulnerables. En otras partes del mundo se han presentado situaciones parecidas, pero la frecuencia y el impacto económico y social de estos acontecimientos han sido particularmente elevados  en nuestra región. El alto costo de las crisis ha llevado a los países, tanto desarrollados como en desarrollo, a adoptar y reforzar instituciones y políticas para reducir y mitigar las vulnerabilidades macrofinancieras de sus economías. Sin embargo, aun países que han fortalecido considerablemente sus instituciones y su economía, y que mostraban índices de solvencia razonablemente sólidos, han sido severamente afectados por disturbios en los mercados financieros internacionales o por las crisis de sus vecinos y socios comerciales. Esta evidencia ha llevado a la comunidad internacional a enfocarse en los riesgos sistémicos y de contagio financiero que ocasionan crisis simultaneas en varios países, para diseñar y fortalecer redes de seguridad financiera que reduzcan la probabilidad, profundidad y persistencia de estos eventos y, por lo tanto, sus elevados costos económicos y sociales.